Solo dos de cada diez empresas europeas del sector de la hostelería la directiva europea antimorosidad, según revela el Informe Europeo de Pagos de Intrum, compañía especializada en gestión y prevención de impagos. De este modo, una de las principales consecuencias se materializa en que la industria tenga unas pérdidas por impagos del 1,28% de sus ingresos totales.
Además, el 69% no emplea las medidas habituales de protección contra impagos como, por ejemplo, el pago por adelantado. Esta realidad deriva en un descenso de liquidez en el 32% de las empresas europeas hosteleras, propiciando, en muchos casos, que ellas tampoco puedan afrontar sus obligaciones de pago.
Esta situación afecta a más de 230.000 empresas españolas en la actualidad. En esta línea, los expertos de Intrum han analizado las principales implicaciones que puede traer consigo para pymes y autónomos ser catalogados como una empresa de riesgo.
Uno de ellas es la dificultad para acceder a la financiación privada. Esto se debe a que, al igual que ocurre con las personas físicas, las empresas o autónomos vinculados a un fichero de morosidad suelen perder el acceso a la financiación tradicional, ya sea a través de las entidades financieras o de los proveedores. Esto no solo significa disponer de menor liquidez, sino también, poner en riesgo la viabilidad del negocio y la posibilidad de invertir en una ampliación. A esto se suma que, según CEPYME, los márgenes de beneficios de las pymes no suelen superar el 10% de su facturación.
Riesgo de perder credibilidad
Otro de las dificultades a las que se pueden enfrentar es una disminución de las relaciones comerciales y de su credibilidad. Cada vez son más las empresas que comprueban si las sociedades con las que van a establecer relaciones comerciales aparecen en un fichero de morosidad. Y, en caso afirmativo, los posibles clientes podrían ver a la compañía como poco fiable.
Además, quedarían descalificadas en concursos públicos, siendo descatalogadas como proveedor y su condición de morosidad dificultaría la concesión de créditos públicos como los que ofrece el Instituto de Crédito Oficial, pues suelen ser los bancos los que se encargan evaluar si se cumplen los criterios necesarios.
Finalmente, las empresas encontrarían impedimentos para contratar seguros, tanto para asegurar sus locales como para los vehículos de la compañía. En el caso del seguro obligatorio de automóvil, se podrá solicitar al Consorcio de Compensación de Seguros, aunque sólo habrá opción de contratar la cobertura obligatoria de responsabilidad civil.
Menos empresas en el sector
La hostelería afronta un comienzo de temporada estival con menos empresas. Desde 2010, la tendencia se sitúa a la baja y, concretamente en 2017, por séptimo año consecutivo, se redujo el número de establecimientos de bebida en España hasta un total de 184.430; es decir, 18.000 menos que en 2010, según los últimos datos de la Federación Española de Hostelería.
Estos cierres, que también se producen en las empresas hosteleras europeas, en ocasiones son provocados por el incumplimiento de los plazos establecidos por la directiva europea de lucha contra la morosidad, que fija un límite de pago de 60 días para las empresas y 30 para las administraciones públicas.
